La noticia del asesinato de Carlos Manzo, buscador y líder comunitario en Uruapan, no es solo la crónica de una muerte más en Michoacán; es el demoledor reflejo de una estrategia de seguridad fallida y el abandono que sienten miles de ciudadanos. Según datos del Programa de Defensa y Protección de la Red TDT, la violencia contra personas defensoras de derechos humanos en México ha alcanzado niveles alarmantes, y el caso de Manzo subraya una realidad que las cifras oficiales a menudo intentan matizar: el Estado no está logrando proteger a quienes exponen sus fallas.
Este artículo analiza críticamente el asesinato de Carlos Manzo, no como un hecho aislado, sino como el síntoma de una crisis profunda que entrelaza la inacción gubernamental, el control territorial del crimen organizado y el impacto devastador en una comunidad que vive bajo el yugo del miedo.
Carlos Manzo no era un político ni un empresario. Era un ciudadano que asumió la responsabilidad que las autoridades abandonaron. Conocido por su labor como buscador de personas desaparecidas y su activismo contra la tala ilegal de bosques, Manzo representaba la resistencia civil en una de las regiones más peligrosas de México.
Su trabajo lo puso directamente en la mira de los grupos criminales que se disputan el control de Uruapan, un municipio clave por su producción de aguacate y su valor para actividades ilícitas. Su labor era un obstáculo para quienes se benefician del caos y la impunidad.
El asesinato de Carlos Manzo expone las grietas de la estrategia de seguridad tanto a nivel estatal como federal. A pesar del despliegue de la Guardia Nacional y las constantes declaraciones de que “se está trabajando”, la realidad en Uruapan es otra.
Fallos Clave en la Estrategia de Seguridad:
La muerte de un líder comunitario como Carlos Manzo no solo deja un vacío en el activismo; inyecta una dosis letal de miedo en la comunidad.
Q: ¿Por qué es Uruapan una zona tan violenta?
A: Uruapan es un centro económico vital por el aguacate y un punto estratégico para rutas de trasiego. Diversos grupos criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cárteles locales, se disputan violentamente el control de estas economías lícitas e ilícitas, según análisis de Insight Crime.
Q: ¿Qué hacen las autoridades federales al respecto?
A: La respuesta del gobierno federal se ha centrado en el despliegue de la Guardia Nacional. Sin embargo, los críticos argumentan que esta estrategia de militarización no ha resuelto los problemas de fondo, como la corrupción institucional y la falta de procuración de justicia, y la violencia persiste a niveles muy elevados.
Q: ¿Qué se puede hacer como ciudadano?
A: Ante la magnitud del problema, la solución no es individual. El primer paso es informarse a través de fuentes confiables y rechazar la normalización de la violencia. El segundo es participar y exigir en espacios cívicos y discusiones públicas una reforma profunda a las instituciones de seguridad y justicia del país.
El asesinato de Carlos Manzo no debe convertirse en una estadística más. Debe ser un catalizador para una conversación nacional honesta y sin concesiones sobre el fracaso de la actual estrategia de seguridad. No se trata de posturas partidistas, sino de la supervivencia del Estado de derecho y la protección de la vida de los ciudadanos.
La paz en Michoacán, y en todo México, no llegará solo con la presencia de soldados. Requiere instituciones de justicia funcionales, inteligencia financiera contra el crimen, combate a la corrupción y, sobre todo, la protección activa de aquellos valientes, como Carlos Manzo, que se atreven a alzar la voz. La exigencia de un cambio profundo es el único homenaje digno para su memoria y una necesidad urgente para el futuro del país.
